El gobierno de Nicaragua ha prohibido a los turistas ingresar Biblias, ya sea en formato papel o digital, como parte de una serie de restricciones impuestas en la frontera. Esta medida ha sido denunciada por el grupo Christian Solidarity Worldwide, que asegura que las restricciones forman parte de una creciente represión contra las libertades civiles en el país.

Nicaragua ha implementado una nueva restricción en las fronteras, prohibiendo a los turistas ingresar Biblias, tanto en formato papel como digital. Según el grupo Christian Solidarity Worldwide (CSW), la medida fue anunciada a través de avisos en las terminales de Tica Bus en Costa Rica, que también incluyen otras prohibiciones como periódicos, revistas, libros, drones, cámaras, objetos afilados y alimentos perecederos.

La empresa de transporte, con sede en El Salvador y Honduras, confirmó que la restricción ha estado en vigor por más de seis meses. CSW denuncia que esta medida refleja un aumento en las restricciones a las libertades civiles y en la represión contra los cristianos en Nicaragua.

Anna Lee Stangl, directora de defensa de derechos en CSW, expresó su preocupación por la prohibición de material religioso e impreso, destacando el contexto de represión que vive el país. Según Stangl, la prohibición debería ser levantada y las libertades restauradas.

Un informe de CSW de 2024, titulado "Control total: la erradicación de las voces independientes en Nicaragua", documentó 222 casos de persecución religiosa, incluidos incidentes de vigilancia policial, cancelación de eventos y registros semanales obligatorios para los líderes religiosos. Además, el informe reveló que 46 líderes religiosos fueron detenidos en 2024.

En los últimos años, Nicaragua ha intensificado su control sobre las organizaciones civiles, disolviendo más de 5.000 grupos, incluidos muchos religiosos. Las procesiones públicas de fe también han sido restringidas, a menos que estén organizadas por grupos afines al gobierno.

La situación en Nicaragua ha generado críticas internacionales, especialmente tras la retirada del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2023, en respuesta a un informe que acusaba al gobierno de Daniel Ortega de violar los derechos humanos y de restringir la libertad religiosa.